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Codicia absoluta con perfume de gasolinera y flagrante desprecio por la seguridad de los pasajeros

John White

Se respira por los mentideros mayores del reino aeronáutico una sensación de milenarismo y final de época perfumada con los vapores a gasolinera de José Blanco. La cancelación de la privatización de Barajas y El Prat tras la más que sospechosa prisa del Gobierno del señor Rodriguez Zapatero y sus fieles escuderos, José Blanco y Juan Ignacio Lema, por malvender activos públicos españoles ha sembrado cierta esperanza en un sector que lleva ya dos años debatiéndose entre la vida y la muerte, tanto en términos financieros y de calidad del servicio como en el sentido más estricto de la palabra: la vida y la muerte mismas de los pasajeros.

El portal Aenaleaks reveló la pasada semana una serie de filtraciones que merecen un análisis detallado y que todo el mundo debería conocer por su propia seguridad, por la necesaria transparencia que debería regir la prestación de un servicio público del que dependen las vidas de los ciudadanos y por aquellos que, en el futuro, decidiesen invertir capital en este sector.

En el número 3 de la revista «Más seguridad» de AENA correspondiente a junio de 2010, cuya directora lo es también del Gabinete de Comunicación de la ya difunta entidad empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea – María Jesús Luengo -, apareció un artículo titulado «Responsables de la investigación de incidencias y del fomento de la cultura de la seguridad».

Este artículo lo firman cinco cargos públicos de AENA de libre designación, a saber: Emilio Marí Solera (región este), Ignacio Rueda Cid (región canaria), Alfonso Barba Martinez (región balear), Ricardo Díaz Rivero (región sur) y Fernando González de Canales Ruíz (región centro-norte). El artículo presenta una semblanza biográfica de cada uno de ellos y en su último párrafo rezaba:

«Es evidente que la complejidad y especificidad de las actividades del jefe de departamento regional de seguridad requiere de personal comprometido con la seguridad».

Pues bien, «ese personal», los cinco responsables regionales, de hecho lo estaban a tenor de sus reflexiones cruzadas que ha publicado el portal Aenaleaks. Tan comprometidos estaban con la seguridad que en sus comunicaciones internas manifestaban su preocupación por la evidente, paulatina y contrastada degradación de la seguridad aérea que estaba produciendo ese nuevo acto normativo de la Ley 9/2010 y que AENA se afanaba en llevar a cabo. De sus comunicaciones internas se desprende una impotencia absoluta ante una política que les viene dada y que no comparten. Alertan sobre posibles accidentes de consecuencias dramáticas. Departen sobre cómo una nueva realidad ha venido a corromper todo aquello por lo que ellos trabajan. Les preocupaba la salud física y mental del personal a su cargo, controladores aéreos, y de las consecuencias que ello pudiera tener para la seguridad de los más de 200 millones de pasajeros que anualmente vuelan por España. Estaban comprometidos con la seguridad, y mucho, a pesar de que ninguno de ellos presentase su dimisión al no compartir la política de la compañía.

Pero la presión editorial, corporativa y política a la que les sometió María Jesús Luengo, directora de la revista, resulta evidente para que los cinco pudiesen salir sonrientes en la foto y dejasen en buen lugar a la empresa al margen de lo que ellos pudiesen opinar como profesionales de la aviación, y por otra parte conservar sus puestos de trabajo. Es decir, una mujer sin conocimientos aeronáuticos de ningún tipo y que sirve a los intereses políticos y empresariales de sus superiores directos, Juan Ignacio Lema y la ex directora de Navegación Aérea Carmen Librero, desarticula la cultura de la seguridad en la empresa y sus mecanismos de salvaguarda (según el modelo de Reason, el queso ya tiene más agujeros que queso en si mismo) y establece un aparato de propaganda según el cual todo va bien y las decisiones de AENA y del Ministerio de Fomento son pertinentes y acertadas, muy posiblemente encaminadas todas ellas a la privatización. María Jesús Luengo y Juan Ignacio Lema instrumentalizan la valía profesional y la experiencia de cinco técnicos y la ponen al servicio de sus intereses. A su vez, se espera de ellos que trasladen esas presiones hacia abajo. Y el que se mueva, no saldrá en la foto.

En ese mismo número el editorial, es decir, la postura oficial de AENA, hablaba del impacto que la Ley 9/2010 de 14 de abril (aparecida dos meses antes, sobre turnos y descansos reglamentarios de los controladores, entre otras materias) podría tener sobre la seguridad aérea en nuestro país. Terminaba diciendo:

«La conclusión objetiva de todas estas acciones es la aplicación de la nueva Ley que se ha realizado sin impacto evidente en la seguridad del servicio»

María Jesús Luengo, por cuanto que directora de la revista, Juan Ignacio Lema, por cuanto que presidente de AENA, y ulteriormente el Ministerio de Fomento, editor de la revista, estaban simplemente mintiendo a los ciudadanos.

La prueba del nueve de esta degradación de la seguridad son los 47 incidentes de tipo «A» (cuasicolisión) que tuvieron lugar en España durante el año 2010, según refleja Eurocontrol en su informe anual Performance Review Report, frente a cero en Inglaterra, por ejemplo, de un total de 1085. Para el neófito, esto significa en la práctica que 94 aeronaves estuvieron a punto de colisionar en el espacio aéreo español. El ratio de incidentes por movimiento IFR controlado se duplicó en España durante el año 2010 en comparación con el año 2009. La Comisión Europea está investigando este asunto, afortunadamente.

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Otra más que evidente prueba del nueve es que España, tras la ley 9/2010, lidera las demoras europeas mes tras mes. La demora por falta de capacidad del espacio aéreo es una consecuencia directa de esta Ley y tanto seguridad como demoras son variables acopladas que van de la mano.

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La pregunta que todos nos deberíamos hacer a continuación es la siguiente: ¿hasta que punto los máximos responsables políticos de la navegación aérea española, léase Juan Ignacio Lema como presidente de AENA, Carmen Librero como ex Directora de Navegación Aérea, José Blanco como Ministro de Fomento, Concepción Gutierrez, anterior Secretaria de Estado de Transportes, Manuel Ameijeiras, director de Aviación Civil, Isabel Maestre, directora de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y otros cargos públicos eran conscientes de esta degradación de la seguridad? ¿Si lo sabían, ¿por qué callaron?, ¿que motor más importante que la seguridad estaba moviendo sus acciones?

Juan Ignacio Lema y Manuel Ameijeiras, durante la conmemoración del accidente de Spanair en Barajas

Andrés Ayala, del Partido Popular, ya desveló en el Congreso que AENA falseó datos y mintió a Eurocontrol mientras agitaba en el aire unos «papeles» cuyo contenido y ámbito guardan un parecido asombroso con los desvelados por el portal Aenaleaks.

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No obstante, también habría que hacerse la siguiente pregunta: ¿eran conocedores los cargos políticos de la oposición de esta situación? ¿Hasta que punto? De serlo, ¿desde cuando?. De serlo, ¿por qué votaron a favor de la Ley 9/2010 y de otras medidas o se abstuvieron, tales como la Declaración de Estado de Alarma? Creo que todas estas preguntas son muy pertinentes.

Concluyendo ya. La legislación en materia de navegación aérea debería ir siempre precedida de estudios de seguridad y de rigor técnico, porque lo que verdaderamente es un problema son las potenciales pérdidas de vidas humanas. Dicho está, y en ulteriores artículos se analizará el contenido del resto de filtraciones publicadas por Aenaleaks, que no tienen desperdicio.

ANTECEDENTES


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