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Un Magistrado de la Audiencia nacional considera que la justicia está politizada

Foto: José Luis Requero, Magistrado de la Audiencia Nacional

 

«Hemos vuelto a la situación preconstitucional»

La politización de la Justicia es uno de los déficits democráticos que arrastra España, pero los programas electorales del PP y del PSOE no preven la profunda reforma del Poder Judicial que necesitamos -aunque hay grandes diferencias entre las propuestas de uno y de otro-. Si el próximo Gobierno no enmienda la situación, estamos abocados a ser «una democracia meramente formal, con un poder político poderoso, pero sin ningún control efectivo», como asegura don José Luis Requero, Magistrado de la Audiencia Nacional    
 
J. A. Méndez
Alfa y Omega > Nº 759 / 10-10-2011

 

Hoy es un clamor la politización de nuestra Justicia. Pero la situación no es nueva. ¿Qué falló al inicio de nuestra democracia para estar como estamos?
Ante todo, tengo que dejar claro que, en el día a día, en lo que es el funcionamiento ordinario de los juzgados, los jueces intervienen con profesionalidad y sin interferencias. Otra cosa es el gobierno judicial, donde sí hay una politización que, unas veces no es censurable, porque se hace política judicial, pero otras sí lo es, porque hay interferencias. El fallo está en haber traicionado el pacto constitucional, que se basaba en la separación de poderes para tener una Justicia independiente y, como consecuencia, un gobierno judicial autónomo, sin interferencia del Ejecutivo y de los partidos políticos.
Pero, hoy, los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial y del Constitucional dependen del Parlamento y del Gobierno; la dotación material y presupuestaria de los órganos judiciales depende del Ministerio y de las Comunidades… Así, ¿es posible ser independiente?
Hoy, el Poder Judicial independiente se identifica sólo con el juez en el momento de juzgar, no con la organización del sistema. Desde el momento en que se dice que la Justicia, en lugar de ser un Poder independiente, es un servicio público, dependemos de los medios materiales y humanos que dan los Gobiernos, nacional o autonómicos. En realidad, aunque con otros nombres y más complejidad administrativa, hemos vuelto a la situación preconstitucional.

¿Qué le parecen las propuestas sobre Justicia que el PP y el PSOE han incluido en sus programas?
La lectura de los programas electorales no da pie al entusiasmo. El del PSOE ahonda en lo que ha dañado a la Justicia: sigue en su empeño por politizarla; apuesta por una Judicatura de baja calidad, masificada y funcionarializada, y lanza propuestas basadas en ideas absurdas, como que los ricos son los que se hacen jueces y por eso hay que seleccionarlos de otra forma. ¡Vaya, no sabía que yo era rico! El PP promete que volverá a un Consejo General del Poder Judicial elegido por los jueces, no por los partidos; pero lo lleva prometiendo desde 1985. En cuanto a la reforma de la Oficina judicial, espero que rectifique los errores de aplicación que se está haciendo de la ley que aprobó en 2003.

Las leyes que han ido regulando la Justicia, ¿la han dotado de mayor independencia, o la han hecho más esclava del poder político?
El mal empezó con la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1985. Lamentablemente, el efecto desastroso de esa ley no se ha enmendado y, más penoso aun, es que hay jueces que no repudian esas interferencias. Unos, porque las ven lógicas, y otros, porque han entrado en un juego en el que ven posibilidades de promoción personal o profesional. Esto último es verdaderamente triste, porque esos jueces minusvaloran su condición. A esto, añádase la autonomizaciónde la Justicia y el intento de atribuir la investigación penal a los fiscales que, no se olvide, dependen del Gobierno.

¿Es razonable que haya asociaciones de jueces y fiscales de izquierdas, como Jueces para la democracia y laAsociación progresista de fiscales? Porque, así, el resto de jueces y asociaciones profesionales son tildadas como la derecha judicial, en expresión de Felipe González…
Hoy, en España, hay asociaciones politizadas e ideologizadas, que conciben que el juez está para transformar la sociedad de acuerdo con sus planteamientos ideológicos, y que la norma es aplicable en tanto sirve para lograr esos intereses y, si no es así, se reinterpreta. Lo mismo ocurre con los fiscales, y esto es especialmente grave, pues, debido a su dependencia del Gobierno, pueden ser su ariete político e ideológico.

Más allá de las esferas del Constitucional o del Supremo, ¿en qué afecta esta politización al ciudadano?
La politización de la Justicia se plasma en muchos aspectos y, sobre todo, en lo relativo a la selección y formación de jueces. Se intenta forjar una Judicatura con un sesgo ideológico, de signo izquierdista, y esto alcanza a todos los ciudadanos, porque ese juez ideologizado o politizado retorcerá el ordenamiento para que se amolde a sus postulados ideológicos.

¿A quién le beneficia esta situación de precariedad judicial?
Si hay politización es claro que a quien interesa es a los partidos: no quieren tanto un Poder independiente como un servicio público, gestionado desde los Gobiernos nacional y autonómicos, con un Consejo General del Poder Judicial que gobierne a los jueces desde el tutelaje partidista. El problema se resolvería si los jueces rechazásemos entrar en este juego.

Si el próximo Gobierno no hace una reforma de la Justicia, ¿qué nos espera? Usted ha dicho que vamos hacia un sistema con dos poderes, el Legislativo y el Ejecutivo, y en el que el Judicial quedará inserto en el Ejecutivo, salvo cuando el juez juzgue…
Efectivamente. De seguir así, el panorama en España sería una democracia meramente formal, con un poder político poderoso, pero sin ningún límite ni control efectivo.

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