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Los controladores privados deben avisar con siete meses de antelación para extinguir su contrato de trabajo

 

Redacción

El traspaso de las 13 torres de control privatizadas por Aena a los nuevos proveedores ya ha comenzado. ¿En qué condiciones?

El pasado 29 de septiembre el Boletín Oficial del Estado publicaba el I Convenio colectivo que regula las relaciones laborales de las empresas proveedores civiles privados de tránsito aéreo de mercado liberalizado y sujetos a régimen concesional. Es decir, se trata del convenio de los controladores privados de FerroNATS y Saerco, firmado por CC.OO. y UGT.

El ejecutivo del PSOE, con José Blanco como Ministro de Fomento, aprobó en septiembre de 2011 la privatización de 13 torres de control, 10 de las cuales (todas peninsulares) fueron a parar a manos de FerroNATS y 3 (en Canarias) a Saerco. Tras el cambio de gobierno, el nuevo ejecutivo del PP no derogó esta concesión, a pesar de que la misma se realizó por un importe inferior a los 19 millones de euros alegando “compromisos”. Paralelamente si se paralizó la privatización de Barajas y El Prat, maniobra con un impacto económico de más de 5.000 millones de euros.

Este convenio, firmado un año después por los dos sindicatos más representativos a nivel nacional, contiene numerosas “perlas” que “podrían calificarse sin tapujos como experimento social”, según un experto en relaciones laborales consultado por este medio. Pero sin duda una cláusula que llama mucho la atención es la relativa a la extinción del puesto de trabajo por voluntad del trabajador. En este caso, reza el convenio:

b) Extinción de la relación laboral por voluntad del controlador/a de tráfico aéreo: La relación laboral podrá extinguirse por voluntad y a instancias del controlador/a de tráfico aéreo. No obstante, dada la naturaleza esencial para la comunidad y la importancia y repercusión que para la sociedad tiene la prestación de servicios efectuada por los proveedores civiles de control del tráfico aéreo, así como la importante carga formativa y la preparación que deben acreditar y superar los controladores/as de tráfico aéreo para ser habilitados y poder así prestar sus servicios en un determinado aeródromo, y teniendo en cuenta las especiales dificultades de adecuación y aptitud personal que presentan los procesos de selección de esta naturaleza; el controlador/a de control de tráfico aéreo que decida dar por extinguida la relación laboral con la empresa mediante la presentación de su baja voluntaria, deberá preavisar a la misma con una antelación mínima de siete meses.

y remata diciendo:

En el caso de que fuese presentada la dimisión o baja voluntaria sin el preaviso anteriormente señalada, el controlador/a de tráfico aéreo, deberá abonar a la empresa tantos días de salario como días de preaviso hayan sido omitidos.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/09/29/pdfs/BOE-A-2012-12212.pdf

La retribución de los controladores privados es sustancialmente inferior a la de los controladores de Aena, entidad que se aseguró de que ninguno de sus controladores habilitados en esas 13 torres privatizadas pudiese subrogarse con el nuevo proveedor manteniendo sus condiciones salariales, de forma contraria al Estatuto de los Trabajadores y la legislación europea.

Una formación más que cuestionable

Los controladores privados han tenido que desembolsar entre 35.000 y 50.000 euros para costear su formación, sensiblemente reducida en el tiempo en comparación a la que recibieron los controladores de Aena formados de manera pública en Senasa, que ahora cobra por impartir esta formación.

Algunos de ellos llegaron a pagar un cursillo en universidades privadas para descubrir después que sus estudios no estaban homologados, en lo que el diario Cinco Días llegó a calificar como “fraude”.

Se da la circunstancia de que no todos los controladores que han abonado esas cantidades han sido contratados ni por Aena ni por los nuevos proveedores privados. Los que si han sido contratados deberán devolver en plazos el importe de los préstamos adquiridos para costear su formación.

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