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La seguridad aérea, una cuestión cuestionada

Carlos Castañosa . Ex comandante de Iberia

Dejémonos de eufemismos que eviten la alarma social. La Seguridad Aérea ha entrado en un proceso de deterioro preocupante y de alto riesgo,  en manos de la gestión lamentable de quien, por Ley, tiene la responsabilidad de protegerla en tiempo de paz: El ministro de Fomento (L.S.A. Ley de Seguridad Aérea 21/03 de 7 de julio, art. 2, Título 1, 2º párrafo).

El trabajo del controlador exige unas cualidades especiales y ciertas calidades humanas. Su perfecto estado de salud, equilibrio psíquico y estabilidad emocional redundarán en la capacidad operativa y en su deontología profesional. Condiciones imprescindibles para garantizar una operación segura en el tráfico aéreo.

En el momento actual son un colectivo afectado como víctimas de una presión inhumana, maltrato institucional y una infraestructura laboral de horarios salvajes sin los descansos pertinentes. Amenazas y agravios que, con un ensañamiento creciente, determinan la claudicación de las facultades psicosomáticas para impedir el ejercicio de su función  en situaciones críticas de saturación de tráfico. Se desmoronan y no tienen más remedio que acudir al médico. Se les acusa de fingir enfermedades. Y el ministro los acecha, los acusa de sabotaje y los persigue con un cierto ensañamiento. Parece como si se curase en salud, por si pasa algo grave, tener a quien culpar y él, escabullir su responsabilidad.
Así se gestó una campaña de desprestigio muy bien diseñada para denigrarlos ante la opinión pública, de la que se aprovechó el desconocimiento generalizado para incidir en las zonas sensibles como estímulo de la indignación. Véase el éxito en los lamentables comentarios en tertulias y artículos de opinión que se prodigan con contenidos manipulados, tendenciosos e imprudentes de juicios temerarios carentes de información objetiva y decente.
Sin embargo, con artículos como el aquí presente, tengo serias dificultades para hacerles ver luz en los medios. ¿Quizá no coincida la verdad con lo políticamente correcto?…
Estamos todos de acuerdo en que la anómala situación de privilegio económico-laboral del colectivo de controladores no era compatible ni presentable en un país en crisis. ¡Ojo!, que no eran emolumentos fraudulentamente adquiridos, sino ventajas obtenidas mediante convenios y acuerdos consentidos desde una dejación de responsabilidades políticas que requerían una rectificación inmediata. La solución pasaba por la lógica de la NEGOCIACIÓN. Sin embargo, en un alarde de prepotencia se optó por un traumático decretazo, aplaudido por las fuerzas vivas y jaleado por la ciudadanía. Estaba cantado, para quienes conocemos la infraestructura operativa, que con el puñetazo en la mesa, acababa de romperse el escafoides y cargarse el sistema. Así se está cumpliendo inexorablemente. El fracaso de la maniobra impele al sr. ministro a huir hacia delante y continuar con la demoledora campaña  de desprestigio contra sus controladores, poniendo en grave riesgo la Seguridad!… (¿Alguien, en algún momento le ha oído pronunciar dicha palabra?).
Reparte estopa a diestro y siniestro y, esporádicamente intercala propuestas absurdas que, en su desespero por encontrar soluciones a su callejón sin salida, se ilumina con ideas como la sustitución de controladores civiles por militares. Demuestra desconocimiento por cuanto la operación de unos y otros difiere lo suficiente como para necesitar un reciclaje de muchos meses para homologarse en ambos sentidos. Lo mismo de complicado sería asumir  la operación militar por un controlador civil.
Cierto que hay controladores militares en pequeños  aeropuertos, pero ejercen control de torre en aeródromo, que es el estrato jerárquico inferior, técnica y económicamente, dentro del escalafón del sistema de Control. No podría integrarse un controlador de torre en Control de Red ni de Aproximación, ni en terminales congestionadas de Madrid o Barcelona, de forma inmediata sin pasar por un estricto y prolongado proceso de adaptación.
Para que una  crítica tan contundente como la aquí presente sea válida, necesita acompañarse de alternativas viables y de propuestas de solución al problema planteado.
Reconducir, no es variar la dirección, sino volver al punto de partida y comenzar de nuevo. Se necesita buena fe para apoyar la credibilidad de la rectificación en la que se imponga el sentido común por ambas partes.
Si la negociación de convenio, todavía en marcha, retomara los cauces anteriores al decretazo, en virtud del destrozo que se ha causado por  la confrontación de intereses, podría aún evitarse el colapso del Control Aéreo en España y el alarmante deterioro de la Seguridad Aérea. Debería rescatarse la dignidad de un colectivo vilipendiado con abusos de autoridad y ajustar sus condiciones económico-laborales a la racionalidad que corresponde a su entidad técnica e incuestionable deontología profesional con la que, a pesar de todo, sigue manteniendo la operación aérea con un mínimo de Seguridad.
En la reconducción, sería imprescindible tachar la alevosía del Decretazo. A no ser que los intereses políticos se impongan en contra del bien común y de los beneficios de una operación limpia para bien de los ciudadanos. Sería el medio de erradicar las sospechas de que el RDL, tan de antemano preparado y bien redactado, fuese la columna de humo, a costa de los controladores,  con la que camuflar la grave situación de AENA, con su escandalosa deuda de 13.000.000.000  €, capaz de cargarse la economía de cualquier país normal. Con lo que se disimularían también los millonarios emolumentos de sus directivos, cargos y mandos intermedios (más impactantes que los que se han publicado de los controladores). Así como la política endogámica de concursos de obras a medida, licitaciones, expropiaciones e incompatibilidades de cargos entre AENA y el Ministerio de Fomento.

El borrón y cuenta nueva puede favorecer a todos. Sobre todo a una población damnificada por una gestión errónea que se pretende disimular demonizando a un colectivo que, en el momento actual se encuentra afectado como víctima de una figura tipificada en el Código Penal (Derechos del Trabajador).

http://www.sanborondon.info/content/view/26117/1/

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