El principio del fin de una injusticia: revocada la primera sanción en Barcelona por el cierre del espacio aéreo en 2010

REDACCIÓN 2/2/2016.  El Juzgado de lo Social número 10 de Barcelona ha anulado la sanción impuesta por Enaire (anterior AENA) al primero de los 61 controladores aéreos a los que el Ente Público acusaba de haber abandonado su puesto de trabajo en 2010 durante el cierre del espacio aéreo decretado por el gobierno socialista de José Luis Rodriguez Zapatero, que desembocó en el primer Estado de Alarma de la democracia.

La sentencia, contra la que no cabe recurso, descarta literalmente el abandono del servicio por parte del controlador aéreo del Centro de Control de Barcelona y hace hincapié en que “no se prestan servicios efectivos, pero por causa organizativa y no imputable al trabajador”. Un nuevo juez, por tanto, que apunta a AENA (ahora ENAIRE) como única responsable de que el servicio no se prestara aquellos días.

Cabe recordar que, contra la decisión de ENAIRE de sancionar a 61 controladores aéreos de Barcelona por los mismos hechos por los que ya habian sido exonerados tanto judicial como administrativamente, el sindicato USCA decidió recurrir judicialmente dichas sanciones. Al mismo tiempo, el sindicato que agrupa a más del 90% de los controladores convocó varios paros parciales en verano del año pasado, siendo la primera vez que ésto ocurria en los últimos 25 años.

Desde que sucedieron los hechos en 2010, más de 20 jueces se han pronunciado en el mismo sentido, eximiendo a los controladores españoles de cualquier responsabilidad en los hechos y señalando, en algunos casos de forma muy clara, a los gestores, entre los que destaca la figura de la actual Secretaria de Transportes, Carmen Librero.

Sostenella y no enmendalla

Lo sorprendente es que la empresa pública, tras todas estas sentencias (penales, administrativas, sociales…) declarando inocentes a los controladores, persiste en su intención de mantener las sanciones laborales al resto de los 61 controladores aéreos que aún están a la espera de juicio, y continúa en la línea de la campaña orquestada por el entonces Ministro de Fomento José Blanco, de responsabilizar a los trabajadores del cierre del espacio aéreo en diciembre de 2010, que sólo pudo ser ordenado y ejecutado por AENA (ahora ENAIRE).

¿ENAIRE miente en sede judicial?

Parece, además, inadmisible que un ente público presente en los juzgados documentación falsa y elimine datos relevantes en otros documentos aportados por la empresa pública en los procesos todavía en marcha, según el letrado de los recurrentes. Sobre todo teniendo en cuenta que todavía hoy la empresa no ha logrado demostrar en ninguno de ellos, que los controladores aéreos abandonaron sus puestos de trabajo de un modo u otro.

Entre lo aportado por el ente público a la causa, existe documentación del año 2011 con el sello de ENAIRE, que no se constituyó hasta 2014.

Si estas alegaciones del letrado de los sancionados se demuestra verdadera, estaríamos ante otro escándalo de los muchos que acompañan a este proceso de intento de criminalización y deshumanización de un colectivo de trabajadores que debería estar en plenas condiciones físicas y mentales para controlar aviones y no pensando en si les van a meter en la carcel por algo que no han hecho.

¿Por qué nadie se pregunta quién lo hizo?

Y es que es destacable el manto de silencio que rodea la conclusión lógica que debería seguir a todas estas resoluciones favorables a los controladores aéreos: si no fueron ellos, entonces ¿quién cerró el espacio aéreo? Porque de momento lo que sabemos es que los ideólogos y ejecutores del mismo, el entonces Ministro de Fomento José Blanco, y la entonces Directora de Navegación Aérea Carmen Librero, disfrutan de sus puestos de europarlamentario el primero y de Secretaria de Transportes e Infraestructuras con el PP la segunda, y nadie les ha pedido responsabilidades.

Y es que en esta misma página se puede encontrar abundante documentación de los amaños del Ministerio de Fomento y el ente público para manipular a la opinión pública con todo tipo de falsedades, en una campaña política contra un colectivo de trabajadores que derivó en la decisión de estas personas concretas (y otros cargos intermedios cómplices) de decretar el cierre del espacio aéreo en su totalidad sin necesidad alguna más que la suya propia, culpabilizando a los controladores aéreos y decretando a la vez su militarización el mismo día y en el mismo Real Decreto en el que se iniciaba la privatización de AENA, para poder así incumplir el Decreto de descansos y horas máximas que ellos mismos habían decretado en agosto.